La Comisión Europea está tomando medidas concretas para restringir la presencia de los gigantes tecnológicos chinos Huawei y ZTE en la infraestructura de telecomunicaciones de Europa. Después de emitir recomendaciones no vinculantes, la CE pretende transformarlas en regulaciones legalmente vinculantes, obligando efectivamente a los estados miembros a eliminar gradualmente los equipos de estos proveedores en sus redes 5G y futuras.
Este avance proviene directamente de la vicepresidenta Henna Virkkunen, quien encabeza el impulso para solidificar las orientaciones de seguridad de la Comisión para 2020. La regulación propuesta marcaría una escalada significativa, transformando las recomendaciones anteriores en reglas ejecutables con posibles consecuencias para los países que no las cumplan. Los Estados miembros que no cumplan con estas nuevas regulaciones podrían enfrentarse a procedimientos de infracción e incluso sanciones financieras.
El alcance de las restricciones propuestas se extiende más allá de las redes 5G. Según se informa, Virkkunen también está buscando limitaciones a la participación de proveedores chinos en proyectos de redes de fibra óptica, que son cruciales para expandir el acceso de banda ancha en toda Europa. Esto demuestra una preocupación más amplia por mantener el control sobre la infraestructura crítica a medida que las naciones de la UE aceleran su transformación digital.
Esta medida se alinea con una tendencia actual de la Unión Europea a reducir su dependencia de la tecnología china y abordar las preocupaciones sobre la influencia de Beijing en sectores clave. Alemania ya ha anunciado planes para prohibir el uso de componentes esenciales de Huawei y ZTE en sus redes a partir de 2026, mientras que Finlandia está preparada para ampliar su prohibición existente sobre componentes de Huawei en implementaciones 5G.
Si bien Huawei y ZTE no respondieron a las solicitudes de comentarios, este impulso regulatorio pone de relieve una creciente división entre Europa y China con respecto a las asociaciones tecnológicas. Es probable que las preocupaciones de seguridad de la UE sobre estos proveedores intensifiquen aún más el debate en curso sobre el equilibrio de los intereses económicos con las consideraciones de seguridad nacional en el ámbito de las telecomunicaciones.
