La administración Trump suspendió abruptamente los arrendamientos de cinco proyectos de parques eólicos marinos a lo largo de la costa este, citando vagos “riesgos para la seguridad nacional” sin proporcionar detalles. Esta decisión efectivamente paraliza miles de millones de dólares en inversiones y amenaza miles de empleos en el creciente sector de la energía limpia.
El impacto inmediato
Los proyectos detenidos se encontraban en varias etapas de desarrollo cerca de Massachusetts, Nueva York, Virginia, Rhode Island y Connecticut. Un parque eólico parcialmente operativo también dejará de funcionar. Esta medida desordena los contratos existentes, lo que podría generar batallas legales y pérdidas económicas significativas para desarrolladores e inversores.
Por qué esto es importante: más allá de la economía
El momento de esta decisión es sospechoso. Apenas unas semanas antes, un juez federal anuló un intento anterior de la administración Trump de bloquear el desarrollo de parques eólicos, dictaminando que violaba la ley federal. La última medida de la administración parece eludir los desafíos legales invocando la seguridad nacional, una justificación que Trump ha utilizado con frecuencia para políticas controvertidas, incluidas guerras comerciales e incluso intentos de comprar Groenlandia.
La decisión también se alinea con la prolongada oposición de Trump a la energía renovable. Su administración ha dado prioridad sistemáticamente a los combustibles fósiles y ha socavado activamente los esfuerzos por realizar la transición hacia alternativas más limpias. Esta postura es particularmente notable dado el aumento de los costos de la energía y la creciente presión política para abordar el cambio climático.
Una historia de oposición
La aversión de Trump a las turbinas eólicas se remonta a años atrás. Anteriormente luchó contra su construcción cerca de su campo de golf en Escocia, alegando preocupaciones estéticas. Esta última acción sugiere una continuación de esa animosidad personal, ahora extendida a una escala económica y política más amplia.
Este alto no tiene que ver con la seguridad, sino con un desprecio constante por el desarrollo de energías renovables y una voluntad de perturbar la economía para imponer preferencias personales o ideológicas.
La falta de transparencia de la administración con respecto a los supuestos riesgos para la seguridad nacional alimenta aún más el escepticismo. Sin pruebas concretas, la medida parece arbitraria y está impulsada por factores que van más allá de las preocupaciones legítimas de seguridad.
Esta decisión representa un revés para el sector de energía limpia de Estados Unidos y subraya la preferencia de la administración por los combustibles fósiles, incluso a expensas de la estabilidad económica.
